La Propiedad Horizontal, entendida como una organización social y jurídica donde convergen múltiples intereses, no solo es responsable de administrar recursos comunes, sino también de garantizar que cada una de sus actuaciones se realice bajo el marco de la legalidad. En ese sentido, el cumplimiento tributario se convierte en un pilar fundamental para consolidar comunidades sostenibles, transparentes y en paz con el Estado.
Cumplir con las obligaciones fiscales no es una simple tarea contable o un trámite ante la DIAN; es un acto de coherencia institucional y de respeto hacia los copropietarios y hacia la sociedad. Las propiedades horizontales manejan recursos públicos de naturaleza privada –cuotas, ingresos por servicios, alquileres– que deben ser administrados con criterios de responsabilidad fiscal, transparencia y ética.
La evasión, la informalidad o la negligencia administrativa, deterioran no solo las finanzas de las copropiedades, sino también la convivencia, al generar desconfianza y desigualdad en el manejo de los recursos. Construir legalidad, entonces, no es únicamente pagar impuestos; es sembrar sostenibilidad, fomentar confianza y demostrar que las comunidades bien administradas pueden ser modelos de desarrollo y convivencia.
La Propiedad Horizontal tiene hoy la oportunidad de transformarse en ejemplo de responsabilidad ciudadana, mostrando que la verdadera sostenibilidad comienza con el cumplimiento.
El rol ético y legal del representante legal
El administrador, en calidad de representante legal, asume un compromiso que va más allá de la gestión ordinaria de la copropiedad.
Su deber es garantizar que la persona jurídica cumpla de manera rigurosa con todas las obligaciones tributarias, laborales y contables. Es inaceptable que, bajo excusas de ahorro o desconocimiento, se fomenten prácticas como la evasión de impuestos o el ocultamiento de información financiera. Tales conductas no solo acarrean sanciones económicas y legales para la copropiedad, sino que ponen en riesgo la confianza de la comunidad y la reputación de la administración.
La transparencia en el manejo de los recursos, posiciona al administrador como un líder ético,capaz de generar confianza y proyectar la propiedad horizontal como un modelo de empresa comunitaria eficiente, organizada y sostenible