¿Y de la seguridad qué?
El temblor que aconteció
recientemente, nos hace
reevaluar cómo nos encontramos
en temas de seguridad
en nuestros edificios, ya que
cuando se habla de ello se cree
que lo único importante es la vigilancia.
El decreto 1072 de 2015
obliga que en todas las copropiedades
se tenga un Sistema
de Gestión en Seguridad y salud
en el Trabajo -SG-SST-, pero
desafortunadamente, muchos
Edificios por costos, terminan
realizando una copia de otro,
simplemente para cumplir con la
norma y no para proteger a las
personas que lo habitan.
Los sistemas de seguridad deben
ser integrados; pero preguntémonos
¿qué políticas de
seguridad y procedimientos
tenemos en nuestros edificios
para contratistas, propietarios
y residentes del edificio? ¿Se ha
realizado un estudio efectivo
de cómo debe ser la vigilancia
privada? ¿Existe una política de
seguridad en las zonas húmedas
como, piscinas, jacuzzis, saunas
y turcos? ¿Realizamos la limpieza
de tanques de agua cada
seis meses como lo establece la
norma? ¿Tenemos certificados
los ascensores y portones o nos
limitamos simplemente al mantenimiento
periódico? ¿Cada
cuánto revisamos la red contra
incendios? ¿Cada cuánto se hace
revisión de las instalaciones eléctricas
del edificio, especialmente
aquellas a las que no se les exige
por el RETIE? ¿Tenemos claras y
divulgadas las políticas de evacuación
de los edificios y la respectiva
señalización, para casos
de sismo; como el que sucedió
los últimos días?
Desafortunadamente, muchas
de las respuestas anteriores en
la mayoría de edificios son negativas,
lo que nos lleva a pensar
que solo cuando ocurra una
tragedia, nos concientizaremos
de la responsabilidad que tiene
la administración, para crear políticas
que procuren la seguridad
en la infraestructura, individuos
y terceros, bien sea por un mal
funcionamiento de sus elementos,
como la mala respuesta que
pueda tener la edificación y las
personas que lo habitan ante un
siniestro como un sismo.
Es necesario recordar que la
responsabilidad de los administradores
es hasta por culpa leve,
es decir, que la omisión de sus
funciones tal como no informar
sobre su gestión preventiva en
las asambleas, así como no exponer
las necesidades presupuestales
para cumplir con las
políticas de seguridad integral
del edificio, bajo el imaginario
que no se aprobarán, compromete
su responsabilidad.
Las políticas de seguridad no
son un gasto, sino la alternativa
para proteger nuestras vidas y
bienes. Todos tenemos el compromiso
de participar en estos
procesos, porque la seguridad la
hacemos todos.
