En la administración de la propiedad horizontal, un error común es pensar que los problemas jurídicos solo
aparecen cuando hay conflictos evidentes.
Nada más alejado de la realidad. Una copropiedad puede estar expuesta a riesgos legales, incluso desde el silencio administrativo, la desactualización normativa o la falta de control sobre contratos, empleados o proveedores.

¿Cómo blindar jurídicamente una copropiedad?

El primer paso es tener una revisión jurídica periódica del reglamento de propiedad horizontal.


Muchos conjuntos operan bajo normativas desactualizadas o que no se ajustan a la realidad actual del inmueble, lo que genera vulnerabilidad ante demandas o Conflictos internos.
Segundo, es fundamental asegurar que las decisiones de la asamblea y del consejo de administración estén correctamente documentadas y ajustadas a la ley 675 de 2001. Actas mal elaboradas o decisiones no votadas según el quorum, pueden ser fácilmente impugnadas.

La contratación también debe ser vigilada. Todo contrato –de vigilancia, aseo, mantenimiento, administración– debe contar con cláusulas claras, respaldo jurídico y estar alineado con la normatividad laboral y civil vigente.
Muchas propiedades han enfrentado demandas laborales por desconocimiento o por contratos verbales.
No menos importante, es clave que los administradores cuenten con el acompañamiento permanente de un abogado especializado en propiedad horizontal.
Esto evita errores en temas sensibles como cobro de cartera, convivencia, uso de bienes comunes, manejo de sanciones, entre otros.
Por último, se recomienda a los copropietarios y órganos de administración, fomentar una cultura preventiva y no reactiva.

Actuar antes del conflicto, informarse y buscar asesoría oportuna, es más económico, eficiente y saludable para la comunidad.
Una copropiedad jurídicamente blindada no solo evita demandas: fortalece la convivencia, protege el patrimonio y genera confianza.