Después de tantos años recorriendo conjuntos residenciales, escuchando propietarios, atendiendo conflictos, acompañando consejos de administración y enfrentando los desafíos diarios de administrar comunidades, he llegado a una conclusión: la propiedad horizontal no necesita solamente mejores administradores; necesita mejores ciudadanos para convivir.

Y lo digo desde la experiencia, desde las dificultades, desde las satisfacciones y también desde esos momentos en los que uno se pregunta, por qué resulta tan difícil comprender que vivir en comunidad implica responsabilidades compartidas.

Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre una realidad que merece nuestra atención: ¿qué estamos haciendo, cada uno desde nuestro lugar, para construir una mejor propiedad horizontal?

Con frecuencia encontramos personas que conocen perfectamente sus derechos, pero olvidan sus deberes. Propietarios que exigen mantenimiento, seguridad, tranquilidad y valorización, pero que en ocasiones desconocen las normas, incumplen sus obligaciones económicas o consideran que las decisiones colectivas no les corresponden.

También encontramos residentes que esperan soluciones inmediatas, sin comprender que detrás de cada decisión existen procesos, presupuestos, responsabilidades legales y seres humanos trabajando.

La propiedad horizontal es mucho más que edificios, ascensores, piscinas, parqueaderos y zonas comunes. Es un pequeño reflejo de nuestra sociedad, con sus virtudes, diferencias, dificultades y oportunidades.

Quienes hemos dedicado buena parte de nuestra vida profesional a este sector, sabemos que administrar una copropiedad exige conocimientos contables, jurídicos, financieros, técnicos y administrativos. Pero también requiere paciencia, sensibilidad, carácter, liderazgo y una enorme capacidad para escuchar.

Sin embargo, me preocupa observar cómo, en algunos escenarios, la figura del administrador ha pasado de ser reconocida como un profesional responsable de la gestión, a convertirse en el destinatario permanente de inconformidades, señalamientos y exigencias, que muchas veces desconocen sus verdaderas competencias.

Esto tampoco significa que los administradores estemos exentos de responsabilidades. Por el contrario, debemos prepararnos, actualizarnos, rendir cuentas, actuar con transparencia y comprender que administrar recursos ajenos exige una conducta ética intachable.

La experiencia me ha enseñado que la autoridad no se demuestra imponiendo, sino gestionando con conocimiento, coherencia y respeto.

Necesitamos administradores menos improvisados, más preparados y conscientes del impacto de sus decisiones. Profesionales capaces de prevenir antes que lamentar, de planear antes que ejecutar y de comunicar antes de que los conflictos crezcan.

Los consejos de administración también deben evolucionar

Un consejo de administración no debería convertirse en un escenario de intereses personales, rivalidades o decisiones tomadas desde las emociones.

Su función merece altura, criterio y responsabilidad. Necesitamos consejeros que comprendan sus competencias, respeten los límites de sus funciones y trabajen de manera articulada con la administración. Consejeros que no confundan supervisar con perseguir, participar con imponer o representar a la comunidad con defender intereses particulares.

Podemos elaborar los mejores manuales de convivencia, contratar excelentes servicios de vigilancia e instalar modernos sistemas de seguridad, pero nada de esto será suficiente si no existe respeto por el otro.

El ruido que perturba al vecino, los animales de compañía sin manejo responsable, los parqueaderos utilizados indebidamente, las agresiones verbales y la indiferencia frente a las necesidades colectivas, son situaciones cotidianas que revelan algo más profundo: nos está costando entender el verdadero significado de vivir juntos.

Y aquí quiero detenerme en algo que considero fundamental. No todo se resuelve con una sanción. Muchas situaciones pueden prevenirse mediante educación, comunicación y sentido de pertenencia.

La convivencia no comienza en el manual. Comienza en casa, en nuestros valores y en la manera como tratamos a quienes comparten nuestros espacios.

Hoy nuestras copropiedades enfrentan desafíos, que no podemos seguir atendiendo únicamente cuando se convierten en emergencias.

El envejecimiento de las edificaciones, la planeación de mantenimientos, la seguridad, la gestión de cartera, el cumplimiento normativo, la protección de datos, los riesgos laborales y la sostenibilidad financiera, requieren administraciones organizadas y comunidades informadas.

No podemos seguir improvisando contratos, aplazando mantenimientos necesarios o tomando decisiones económicas sin conocer sus consecuencias. Tampoco podemos pretender, que las cuotas de administración permanezcan desconectadas de las necesidades reales de conservación y funcionamiento de los bienes comunes. Una copropiedad financieramente sana no es aquella que menos gasta, sino aquella que administra responsablemente sus recursos, controla sus riesgos y protege su patrimonio colectivo.

Por eso insisto tanto en la formación. La capacitación no debe verse como un gasto innecesario, sino como una inversión en mejores decisiones.